Las evidencias incómodas del informe de la ONU sobre prostitución y violencia contra las mujeres.

21 may
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Actualizado: 3 jun

Respuesta a una crítica política y a un ataque personal contra un Informe de las Naciones Unidas que presenta nueva evidencia sobre la prostitución como causa y consecuencia de la violencia contra mujeres y niñas.

Almudena Cano Mérida

Introducción

En 2024, la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que analiza la relación entre la prostitución y la violencia contra las mujeres y niñas. El informe examina, a partir de evidencia jurídica, investigaciones académicas y testimonios de supervivientes, cómo la prostitución puede entenderse tanto como causa como consecuencia de la violencia contra las mujeres y las niñas, enmarcada en un sistema de abuso de poder, desigualdad y explotación sexual.

Sin embargo, más allá del debate académico que ha generado, el informe ha sido objeto de críticas políticas y ataques personales contra su autora, cuestionando las conclusiones y los datos en los que se basa su investigación. ¿Por qué un informe de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres y las niñas genera tantas tensiones?

Este artículo examina la respuesta empírica que ofrece la relatora ante las críticas recibidas y analiza la evidencia que sustenta su posición sobre la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres y las niñas.

El sistema prostitucional a debate, ¿puede entenderse como parte de un sector laboral?

El debate sobre la prostitución se encuentra cada vez más polarizado. Por un lado, existe un enfoque que sitúa su origen en la explotación sexual de mujeres y niñas y la entiende como una forma de violencia y una vulneración de los derechos humanos. Por otro lado, hay quienes sostienen que la prostitución puede ser una alternativa económica para mujeres en situación de vulnerabilidad, poniendo el foco en el consentimiento como elemento que legitimaría esta práctica.

Ante este escenario, Reem Alsalem en 2024 presentó un informe con el objetivo de aclarar la terminología relacionada con la prostitución, analizar sus causas y consecuencias estructurales y ofrecer una visión general de los modelos legislativos que abordan esta problemática social. Para ello, el informe se basa en testimonios de supervivientes del sistema prostitucional, aportaciones de expertos y expertas, informes de organizaciones sociales y un amplio conjunto de fuentes de información académicas y jurídicas. Entre sus conclusiones, señala que los modelos de legalización, despenalización o prohibición —basada en la criminalización general de los actores implicados—, no han logrado garantizar una protección efectiva de los derechos fundamentales de las mujeres en situación de prostitución. En cambio, el informe sostiene que el enfoque legislativo abolicionista ofrece mayores resultados en la protección de mujeres y niñas vulnerables frente a la explotación sexual, al centrar la responsabilidad en quienes generan la demanda —los compradores de actos sexuales—, así como en las redes delictivas y en las estructuras políticas que perpetúan este sistema.

Ante este escenario, el informe concluye que es necesario entender la prostitución como un sistema de violencia contra mujeres y niñas en el que intervienen diversos agentes. En este sentido, señala que los principales responsables de los daños graves que sufren las mujeres prostituidas y sus hijos e hijas son los demandantes de actos sexuales —tanto en prostitución como en pornografía—, las redes delictivas que se lucran con la mercantilización del cuerpo de las mujeres y las estructuras políticas que ignoran o minimizan esta problemática social.

En el informe para dar respuesta a las críticas recibida que Reem Alsalem emite en 2025, explica que el término “trabajo sexual” no ha sido negociado, ratificado ni incorporado en ningún convenio internacional de derechos humanos. Desde esta perspectiva, se considera que la prostitución es incompatible con la dignidad y el valor de la persona humana, y que el consentimiento de la víctima en situación de prostitución es irrelevante en un contexto estructural de explotación sexual.

Además, el informe señala que el concepto de “sector del sexo” carece de significado jurídico o académico dentro del sistema de Naciones Unidas, ya que la prostitución no cumple con las normas mínimas de trabajo digno establecidas por la Organización Internacional del Trabajo. Según la relatora, el uso del término “trabajo sexual” también tiende a invisibilizar las relaciones de poder desiguales que estructuran el sistema prostitucional, en el que intervienen proxenetas, tratantes, compradores y víctimas.

Por último, el informe advierte que, en muchos casos, las supervivientes de prostitución que defienden un enfoque abolicionista son silenciadas o tergiversadas por sectores que promueven modelos regulacionistas o de despenalización de la prostitución. Estas mujeres, señala la relatora, a menudo enfrentan ataques verbales, ciberacoso, cancelación de cuentas en redes sociales, amenazas y otras formas de hostigamiento que representan riesgos reales para su bienestar.

Las críticas ante la evidencia que presenta el informe de la ONU sobre el sistema prostitucional

Reem Alsalem explica que ha sido acusada de desarrollar una investigación basada en malas prácticas, injusticia epistémica y pánico moral. Sin embargo, defiende que su informe constituye el primer análisis exhaustivo dentro del sistema de Naciones Unidas que recoge de manera sistemática las consecuencias de la prostitución en la vida de las víctimas, basando su legitimidad en el testimonio de las supervivientes del sistema prostitucional y en los resultados de la investigación académica.

Según la relatora, muchas de las críticas parten de una posición ideológica que busca defender la prostitución como un trabajo razonable para mujeres empobrecidas y promover la despenalización de los proxenetas y compradores de actos sexuales. Asimismo, señala que quienes critican el informe prestan poca atención a la probabilidad del daño que sufren las mujeres prostituidas, justificando su consentimiento como un elemento que podría permitir y legitimar la explotación sexual.

La experta explica que, en algunos casos, se ha intentado comparar la defensa del “trabajo sexual” con luchas por derechos como la despenalización del aborto o el reconocimiento de las relaciones entre personas del mismo sexo desde una perspectiva interseccional. No obstante, considera que esta comparación ignora la evidencia existente sobre la violencia estructural que afecta a las víctimas de prostitución. Además, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, la prostitución aparece fuertemente vinculada al delito de trata de personas, especialmente cuando existe abuso de poder o aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

Por otro lado, la relatora cuestiona el enfoque de salud pública utilizado por algunos de sus críticos, al considerar que este marco ignora nuevamente la violencia que rodea a la prostitución. Cuando se ignoran o minimizan los daños que produce este sistema en las mujeres, señala, se termina justificando una narrativa en la que se muestra a las víctimas beneficiadas de su propia explotación. Según los datos recogidos en el informe, entre el 80-90 % de las mujeres en situación de prostitución manifiestan su deseo de abandonarla, pero carecen de alternativas económicas y sociales sostenibles. Por ello, la relatora insiste en la necesidad de garantizar programas de salida efectivos para las mujeres víctimas del sistema prostitucional.

Ante esta situación, recomienda que los Estados adopten un marco jurídico abolicionista que despenalice a las mujeres en situación de prostitución, ofrezcan apoyo integral, penalicen la compra de actos sexuales y sancionen cualquier forma de proxenetismo, así como desarrollen políticas de sensibilización dirigidas a los compradores de "actos sexuales" para abordar las causas estructurales que sostienen el sistema prostitucional.

Conclusión

El debate sobre el sistema prostitucional continúa siendo uno de los más polarizados dentro de las políticas de igualdad y derechos humanos, a pesar de las evidencias que muestran las graves consecuencias que sufren las mujeres prostituidas y la violencia estructural que afecta de manera simbólica a todas las mujeres y niñas.

El informe presentado por la relatora Reem Alsalem, introduce evidencia empírica y testimonios de mujeres supervivientes que justifican la necesidad de reconsiderar la forma en la que las instituciones públicas abordan esta problemática social que afecta gravemente a mujeres y niñas.

Más allá de las controversias políticas, la relatora plantea una cuestión fundamental: cómo se garantiza la protección de los derechos, la dignidad y la seguridad de mujeres y niñas que se encuentran en contextos de vulnerabilidad. Una cuestión fundamental para avanzar en la protección efectiva de los derechos humanos universales.

Almudena Cano Mérida

Graduada en Educación Social y estudiante del Máster en Prevención, Detección e

Intervención de la Violencia Sexual. Voluntaria de la Fundación Empodérame

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🌐 018000 522020 – Ministerio del Interior de Colombia

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