Derechos humanos, prostitución y evidencia territorial: una crítica al discurso del “trabajo sexual autónomo"

Una respuesta al artículo El capitalismo y la sexualidad en la contemporaneidad: ¿una nueva forma de explotación? La precarización del trabajo sexual autónomo en Colombia, de Laura Carolina Rojas Chavarría de la Revista Debates de la Universidad de Antioquia.

Claudia Yurley Quintero Rolón

La prostitución: hablemos desde donde ocurre

Hablar de prostitución sin hablar del territorio donde se ejerce es una forma de abstracción que, lejos de proteger derechos, los vacía de contenido. En Colombia —y especialmente en ciudades como Medellín— la prostitución no es un fenómeno marginal ni una suma de decisiones individuales autónomas, sino un sistema territorializado, feminizador de la pobreza y sostenido por economías criminales que operan a plena luz del día.

En 2024, la E.S.E. Metrosalud encargó a la Fundación Empodérame la primera caracterización integral y cartografía social de la explotación sexual en Medellín. La investigación se desarrolló con presencia cotidiana en los principales corredores donde se concentra la prostitución en las comunas 10 (La Candelaria), 11 (Laureles–Estadio) y 14 (El Poblado), territorios priorizados por la entidad debido a la convergencia de turismo, migración, economía nocturna, control criminal y demanda de prostitución.

El estudio, realizado con un enfoque de no daño y acompañado por un equipo técnico que incluyó mujeres sobrevivientes y atención psicosocial permanente, caracterizó a 1.096 mujeres entre mayo y junio de 2024. Los hallazgos son contundentes: la mayoría de las mujeres entrevistadas se encontraban en situación de pobreza extrema, migración irregular, vivienda precaria, exclusión del sistema de salud y trayectorias vitales atravesadas por violencias desde la infancia. Dieciséis niñas fueron identificadas en contextos de explotación sexual y remitidas de manera inmediata al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Cuando se les preguntó por sus proyectos de vida, la respuesta fue reiterada: salir de la prostitución, estudiar, acceder a un empleo digno, emprender y vivir en un entorno seguro para ellas y sus hijas. Esta evidencia empírica contrasta de manera directa con los discursos que presentan la prostitución como una opción laboral autónoma y con capacidad real de elección.

El discurso del “trabajo sexual autónomo”: una construcción desligada de la realidad territorial.

El artículo "El capitalismo y la sexualidad en la contemporaneidad" sostiene que la laboralización del “trabajo sexual autónomo” es una vía necesaria para garantizar derechos humanos fundamentales, y que los enfoques abolicionistas distorsionan las causas estructurales de la violencia al vincular la trata con el trabajo sexual y promover la penalización.

Esta posición presenta múltiples problemas. En primer lugar, construye un abolicionismo caricaturizado que no corresponde ni a la teoría feminista ni a los estándares internacionales de derechos humanos. El abolicionismo feminista no criminaliza a las mujeres en prostitución ni reduce la trata exclusivamente al trabajo sexual; por el contrario, reconoce la explotación sexual como una de las principales expresiones de la trata, enmarcada en pobreza, desigualdad de género, racismo y migración forzada, tal como lo establecen la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, art. 6) y su Recomendación General núm. 38. En segundo lugar, el artículo incurre en una contradicción interna al invocar la noción de “elección real”, citando a Rousseau, mientras describe condiciones de precariedad extrema que hacen imposible dicha elección. No puede hablarse de autonomía cuando la supervivencia depende de la venta del propio cuerpo en contextos de amenaza, control de terceros y ausencia total de alternativas materiales.

Dignidad humana: de las personas, no de la prostitución

La jurisprudencia constitucional colombiana ha sido clara en un punto que el artículo desdibuja: la dignidad es un atributo de la persona, no de la actividad que realiza. La Corte Constitucional ha protegido reiteradamente a las personas en prostitución como sujetos de especial protección, precisamente por su situación de vulnerabilidad estructural, pero nunca ha reconocido la prostitución como un trabajo constitucionalmente protegido ni como un proyecto de vida digno.

Esto se evidencia en un hecho fundamental: en ningún fallo la Corte ha ordenado el reintegro de una mujer al llamado “trabajo sexual”, como sí ocurre en otros contextos laborales informales. La protección constitucional se orienta a garantizar vida, integridad y no discriminación, no a perpetuar una actividad que la propia Corte reconoce como incompatible con condiciones dignas y justas.

Contradicción público–privada y guetización territorial de la prostitución

Uno de los elementos más problemáticos del discurso del “trabajo sexual autónomo” es su contradicción entre lo que se defiende en abstracto y lo que se rechaza sistemáticamente en la vida privada y en el diseño urbano. La prostitución es tolerada siempre y cuando permanezca contenida en zonas rojas, corredores específicos y guetos urbanos claramente delimitados.

Esta guetización demuestra que no existe una aceptación real de la prostitución como trabajo digno, sino una estrategia de segregación territorial destinada a mantenerla fuera de los espacios residenciales, familiares y simbólicamente “respetables”. La externalización del daño implica que mujeres pobres, migrantes y racializadas absorban de manera sistemática la violencia física, psicológica y social del sistema prostitucional, mientras otros sectores sostienen una postura pública de defensa sin asumir sus consecuencias materiales.

Qué propone realmente el abolicionismo feminista

Contrario a lo afirmado en el artículo, el abolicionismo feminista no es una postura moralizante ni punitiva contra las mujeres. Propone la despenalización total de las personas en prostitución, la penalización de la demanda como estrategia de reducción del mercado, el combate al proxenetismo y la trata, y políticas públicas robustas de salida que incluyan acceso a educación, empleo, vivienda y atención integral.

Diversas organizaciones feministas de orientación abolicionista han desarrollado durante décadas litigio estratégico, programas de salida y trabajo territorial directo con mujeres en contextos de prostitución, una dimensión práctica que suele estar ausente en los enfoques que se limitan a la defensa discursiva del “trabajo sexual” sin intervención material en los territorios.

Los hallazgos de la investigación realizada en Medellín se alinean con esta perspectiva: no muestran autonomía laboral, sino precariedad estructural, control de terceros, guetización urbana y un deseo reiterado de abandonar la prostitución si existieran alternativas reales.

¿Cuándo el discurso académico produce víctimas?

Las consecuencias de estas posturas no son teóricas. En los territorios, cientos de mujeres víctimas de trata y explotación sexual son tratadas institucionalmente como “trabajadoras sexuales”, sin acceso a rutas de protección, sin reconocimiento como víctimas y sin apoyo psicosocial.

La categoría que supuestamente busca protegerlas termina operando como un dispositivo de negación del daño y revictimización, al diluir la violencia estructural y dificultar la investigación rigurosa de los delitos cometidos en su contra.

Este desplazamiento conceptual es posible porque se produce desde espacios académicos seguros, alejados de las calles donde la explotación ocurre. Como sobreviviente y como profesional que ha acompañado a mujeres en contextos de prostitución y trata, resulta imposible no señalar esta brecha ética: la academia que habla por las mujeres sin escucharlas reproduce una forma de violencia simbólica que se suma a las ya existentes.

Un apunte comparado: el caso alemán

El caso de Alemania constituye uno de los ejemplos más citados y problemáticos del enfoque de legalización y laboralización de la prostitución. Desde la aprobación de la Ley de Prostitución en 2002 y su posterior reforma en 2017, el país se consolidó como el mayor mercado prostitucional de Europa. Lejos de garantizar derechos, la experiencia alemana ha estado marcada por la expansión del mercado sexual, el aumento de la trata con fines de explotación sexual y la concentración de mujeres pobres y migrantes, principalmente de Europa del Este, en condiciones de extrema precariedad. Diversos informes policiales, académicos y testimonios de profesionales del sistema de salud y judicial han señalado que la mayoría de las mujeres en prostitución no acceden a los supuestos beneficios laborales y continúan expuestas a violencia sistemática y control de terceros. Esta realidad ha llevado incluso a autoridades políticas alemanas a reconocer el fracaso del modelo y a reabrir el debate sobre la adopción del llamado modelo nórdico.

Reconocer la dignidad de las personas en prostitución exige políticas que amplíen opciones reales de vida, no discursos que, desde la comodidad académica, legitiman la explotación que otros padecen.

Claudia Yurley Quintero Rolón

Psicóloga y Especialista en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Defensora de derechos humanos de las mujeres y activista feminista abolicionista.

Investigadora con experiencia en trata de personas y explotación sexual, con

trabajo directo en intervención territorial, acompañamiento psicosocial y diseño de programas de salida para mujeres en contextos de prostitución.

Ha participado en procesos de investigación aplicada y articulación institucional en salud pública y política social.

Directora de la Fundación Empodérame.

VIO2_2025_UDEACapitalismoySexualidad.pdf

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📱 Línea 155 – Atención nacional para mujeres víctimas de violencia.

Disponible 24/7 con orientación jurídica y psicológica.

⚖️ Línea 122 – Fiscalía General de la Nación

Para denunciar hechos de violencia y recibir información sobre procesos judiciales.

🚨 Línea 165 – GAULA

Atención en casos de extorsión o situaciones relacionadas con redes de trata o explotación.

🌐 018000 522020 – Ministerio del Interior de Colombia

Línea nacional contra la trata de personas. Brinda asesoría y recibe denuncias.

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