La paradoja nórdica

Ni siquiera los países más igualitarios logran reducir la violencia contra las mujeres

Claudia Yurley Quintero Rolón

Suecia, Finlandia y Dinamarca ocupan sistemáticamente los primeros puestos en cualquier índice global de igualdad de género. Estos mismos países registran algunas de las prevalencias más altas de violencia machista en Europa. La contradicción no es anecdótica ni un efecto estadístico pasajero. Tiene nombre en la literatura científica desde hace más de una década, se llama paradoja nórdica, y un análisis reciente del catedrático de Psicología Social Enrique Gracia, de la Universitat de València, publicado en Nature Communications, vuelve a ponerla sobre la mesa con datos que exigen una lectura política, no solo estadística.

El punto de partida es la última Encuesta de Violencia de Género de la Unión Europea, realizada en 2024 a más de 114.000 mujeres. El resultado, casi una de cada tres mujeres europeas, el 30,7%, ha sufrido violencia física, amenazas o violencia sexual desde los 15 años. En términos absolutos son cerca de 50 millones de mujeres. La cifra no es nueva, es prácticamente idéntica a la registrada en la primera encuesta europea, realizada diez años antes. Una década de políticas públicas, campañas de sensibilización y avances legislativos en toda la Unión Europea no movió la prevalencia general.

Donde el dato se vuelve incómodo es al desagregarlo por país. Finlandia registra una prevalencia del 57%, Suecia del 52%, Dinamarca del 47%. Los tres muy por encima de la media europea del 30,7%. Son, al mismo tiempo, los tres países que ocupan año tras año los primeros lugares en los rankings mundiales de igualdad de género, en participación política de las mujeres, en equidad salarial, en licencias parentales, en representación laboral. Si la igualdad de género y el desarrollo económico bastaran por sí solos para reducir la violencia contra las mujeres, estos serían los países con menor prevalencia del continente. Ocurre exactamente lo contrario.

Gracia no es el primero en documentar el fenómeno, pero sí ofrece la lectura más actualizada y la más incómoda para cierto feminismo institucional que ha depositado toda su confianza en la igualdad formal como motor de cambio. La paradoja nórdica pone en cuestión un supuesto extendido, tanto en política pública como en el sentido común progresista, según el cual el desarrollo económico y la igualdad legal conducen de forma automática a una reducción de la violencia machista. Los datos no sostienen esa expectativa. La igualdad formal y el bienestar económico son condiciones necesarias, ningún país pobre o desigual logra proteger mejor a sus mujeres, pero no son condiciones suficientes.

Hay otro dato en el estudio que merece tanta atención como los porcentajes por país, y es generacional. Las mujeres europeas de entre 18 y 29 años ya reportan niveles de violencia superiores a la media general de todas las edades. Esta tendencia era visible hace diez años y no se ha revertido. Significa que el problema no se está resolviendo con el recambio generacional, como suponía cierto optimismo evolutivo que confiaba en que las nuevas generaciones, criadas con más educación en igualdad, cerrarían la brecha por sí solas. Las mujeres jóvenes europeas de hoy no están más protegidas que sus madres. En algunos indicadores están peor.

La escala global confirma que esto no es una anomalía regional. La Organización Mundial de la Salud describe la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública de proporciones pandémicas. Sus estimaciones más recientes, de 2025, calculan que el 30,4% de las mujeres en el mundo, aproximadamente 840 millones, ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. La cifra europea no es una excepción dramática dentro de un panorama global más alentador. Es, casi punto por punto, el mismo número que arroja el planeta entero. Si los países más ricos, más igualitarios y con más décadas de políticas de género acumuladas no logran bajar esta cifra, la pregunta que exige el estudio es directa, qué evidencia empírica sostiene la promesa de que el resto del mundo lo logrará con menos recursos y menos tiempo.

Aquí está el argumento central del trabajo de Gracia, y conviene distinguirlo con precisión de los datos que lo sostienen. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.2 de Naciones Unidas se propuso eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres para 2030. El análisis de Gracia concluye que esa meta, con la evidencia disponible, no es realista al ritmo actual. No porque falte conocimiento científico sobre qué funciona. Existen estrategias de prevención con evidencia sólida de reducción de la violencia, documentadas durante décadas de investigación. El obstáculo identificado por el autor es otro, la insuficiente voluntad política para implementar esas estrategias a la escala y con la financiación que la magnitud del problema exige. Se aprueban leyes que no se dotan de presupuesto suficiente. Se lanzan campañas que no se sostienen en el tiempo. Se firman compromisos internacionales que no se traducen en mecanismos de rendición de cuentas.

Esta distinción importa porque desplaza la conversación de un terreno técnico a uno abiertamente político. No es un problema de falta de herramientas. Es un problema de decisión, de dónde se pone el dinero público, de qué se prioriza cuando compite con otras agendas, de qué consecuencias reales enfrenta un Estado que incumple sus propios compromisos en materia de violencia de género. La paradoja nórdica, leída en estos términos, no es una rareza escandinava, es la prueba de que ningún nivel de desarrollo económico compra por sí solo la voluntad política necesaria para enfrentar la violencia machista con la seriedad que requiere.

Para el debate latinoamericano y colombiano esta evidencia tiene un valor específico. Es común escuchar que la violencia contra las mujeres en la región es, sobre todo, un problema de pobreza, de falta de desarrollo o de rezago cultural que se corregirá con más crecimiento económico y más acceso a derechos formales. Los países nórdicos tienen ese desarrollo, esa igualdad formal, esos derechos garantizados desde hace décadas, y no lograron lo que se les atribuía como resultado automático. Eso no significa que el desarrollo y la igualdad formal sean irrelevantes, significa que sin políticas específicas de prevención, sin financiamiento sostenido, sin trabajo directo sobre la demanda de violencia y sobre las masculinidades que la producen, la desigualdad estructural que sostiene la violencia contra las mujeres persiste incluso donde el discurso público asegura lo contrario.

Gracia cierra su análisis con un llamado a una iniciativa científica internacional de gran escala para abordar la violencia contra las mujeres como la crisis de salud pública que es, y con una advertencia que conviene tomar en serio, la promesa de eliminar la violencia contra las mujeres debe dejar de ser una aspiración retórica y convertirse en una meta con métricas, financiamiento y consecuencias reales para quienes la incumplen. La evidencia ya existe. Lo que falta, según su propio análisis, es la decisión política de usarla.

Artículo completo en The Conversation, con la autoría original de Enrique Gracia. Léelo aquí: https://theconversation.com/la-paradoja-nordica-ni-siquiera-los-paises-mas-igualitarios-del-mundo-logran-reducir-la-violencia-contra-las-mujeres-286565

Claudia Yurley Quintero Rolón

Psicóloga y Especialista en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Defensora de derechos humanos de las mujeres y activista feminista abolicionista. Investigadora con experiencia en trata de personas y explotación sexual, con trabajo directo en intervención territorial, acompañamiento psicosocial y diseño de programas de salida para mujeres en contextos de prostitución. Ha participado en procesos de investigación aplicada y articulación institucional en salud pública y política social. 

Directora de la Fundación Empodérame.

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