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Prostitución: España, Francia, Bélgica y Alemania como advertencia para Colombia
Hoy España presenta uno de los fenómenos más preocupantes para América Latina y, en especial, para Colombia.
Claudia Yurley Quintero Rolón: Psicóloga feminista y especialista en la Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
El país ha permitido que la explotación sexual de mujeres migrantes se expanda en pisos —apartamentos—, carreteras, anuncios digitales y páginas web que operan entre la tolerancia social, la ambigüedad legal y la insuficiente persecución de los beneficiarios económicos.
En ese escenario, las mujeres migrantes ocupan el lugar de mayor exposición. Entre ellas, las colombianas aparecen de manera reiterada como una de las nacionalidades más vulnerables frente a la explotación sexual, la captación transnacional, la deuda, la precariedad administrativa y la violencia de los hombres que compran sexo.
El caso español obliga a mirar la prostitución como una estructura internacional de desigualdad. Las mujeres no llegan a estos circuitos en condiciones simétricas frente a compradores, proxenetas, dueños de clubes o redes de intermediación.
A partir de los datos que arrojan los casos, entendemos que las víctimas llegan atravesadas por necesidades económicas, responsabilidades familiares, promesas de trabajo,
engaños migratorios, presión de deudas o ausencia de alternativas reales en sus países de origen. Las mujeres colombianas aparecen sobrerrepresentadas en escenarios de explotación sexual en Europa; el debate nacional deja de ser abstracto: el país debe preguntarse qué condiciones internas están expulsando a mujeres hacia mercados sexuales internacionales y qué redes se benefician de esa movilidad.
Francia en contraste
En abril de 2026, París volvió a convertirse en un punto de encuentro para el movimiento feminista y abolicionista internacional. La conmemoración de los diez años de la Ley n.º 2016-444, del 13 de abril de 2016, orientada a reforzar la lucha contra el sistema prostitucional y a acompañar a las personas prostituidas, reunió a sobrevivientes, organizaciones feministas, parlamentarias, aliadas internacionales y defensoras de derechos humanos que caminaron juntas en la Global March of Survivors and Allies.
Esta ley francesa modificó el enfoque estatal frente a la prostitución: eliminó la penalización de las personas prostituidas por captación, sancionó la compra de actos sexuales, fortaleció la persecución del proxenetismo y creó mecanismos de acompañamiento para la salida de la prostitución. Para la ley, la responsabilidad recae sobre la demanda masculina, las redes de explotación y quienes lucran del sistema prostitucional.
La marcha superó las mil personas y mostró una alianza poco frecuente en otros contextos: sobrevivientes, feministas, parlamentarias, organizaciones sociales, sectores sindicales y militancias de izquierda caminando en torno a una idea común: la igualdad entre mujeres y hombres exige enfrentar la compra de acceso sexual al cuerpo de las mujeres.
Francia llegó a ese aniversario con una ley que cambió el eje político del debate. Desde 2016, el país adoptó el llamado modelo nórdico o abolicionista: despenalización de las personas en situación de prostitución, penalización de la compra de actos sexuales, persecución del proxenetismo, rutas de salida y prevención.
La mujer prostituida deja de ser vista como infractora y el comprador de sexo pasa a ocupar el lugar de responsable dentro del sistema. La prostitución se nombra violencia sexual y como vulneración de la dignidad, en lugar de ser presentada como un servicio más dentro del mercado. También hay quejas por la poca voluntad política de los gobiernos para invertir en la aplicación de esta ley, la falta de compromiso y la insuficiencia del permiso de estadía de seis meses para las personas migrantes que se acogen a la salida. Aún faltan afinar cosas; no es el modelo perfecto.
Ese cambio no se entiende solo desde los textos legales. También se percibe en la calle. En mi propio acercamiento al modelo francés, una escena cerca del Boulevard Carnot, en 2025, me permitió observar algo que los debates teóricos a veces no logran mostrar con claridad: los hombres que buscaban comprar sexo actuaban con cautela, sin la comodidad pública que tienen en países donde la prostitución está normalizada o legalizada. Las mujeres, aunque seguían expuestas a una situación de explotación y vulnerabilidad, no aparecían como delincuentes perseguidas por el Estado. Esa inversión del lugar social del comprador y de la mujer prostituida es una de las claves del modelo abolicionista. La vergüenza viene cambiando de bando.
Francia tampoco debe ser idealizada. Ese es uno de los puntos más importantes para Colombia. Una política abolicionista seria no puede limitarse a celebrar la existencia de una ley. Debe preguntarse por su implementación, sus presupuestos, su capacidad territorial, sus rutas de salida y su eficacia frente a las nuevas formas de captación digital. La entrevista de la revista Charlie Hebdo a Delphine Jarraud, delegada general de Amicale du Nid, es útil precisamente porque evita una mirada triunfalista.
Jarraud recuerda que antes de 2016 las personas prostituidas podían ser penalizadas por captación en la calle, mientras los compradores permanecían tranquilos. La ley invirtió esa perspectiva y reconoció a los clientes como responsables de violencia al comprar el cuerpo de una mujer.
La misma entrevista advierte que la aplicación ha sido insuficiente. Entre 2016 y 2025, solo 11.491 compradores fueron sancionados, poco más de mil por año, mientras se estima una actividad masiva en sitios de anuncios de prostitución.
Además, la aplicación territorial ha sido desigual: 36 departamentos no registran contravenciones y París concentra el 58 %. El modelo abolicionista requiere voluntad política sostenida. Sancionar la demanda en el papel sirve poco si las autoridades no investigan, no controlan, no hacen campañas nacionales y no asumen que la compra de sexo es un problema de violencia contra las mujeres.
La entrevista también insiste en la importancia de las rutas de salida. El abolicionismo pierde fuerza si no ofrece alternativas materiales: vivienda, regularización migratoria, salud mental, formación, ingresos, protección jurídica y acompañamiento psicosocial. Jarraud señala obstáculos administrativos para acceder a los recorridos de salida, ayudas económicas insuficientes y dificultades para mujeres migrantes. También alerta sobre la explotación sexual de menores, la captación por internet y la necesidad de prevención educativa.
Allí aparece una enseñanza central: una ley abolicionista necesita presupuesto. Sin recursos, la promesa de salida se convierte en una puerta estrecha.
Sin embargo, el caso francés muestra algo que Colombia debería ponerle cuidado: cuando el Estado deja de perseguir a las mujeres y empieza a nombrar al comprador, cambia el marco moral de la sociedad. La ley transmite un mensaje pedagógico. Ningún hombre tiene derecho a comprar acceso sexual al cuerpo de una mujer.
La vulnerabilidad económica, migratoria o emocional de una persona no puede ser convertida en oportunidad de consumo masculino. La libertad sexual de las mujeres no se mide por la capacidad del mercado para vender cuerpos, sino por la posibilidad real de vivir sin coerción, sin hambre, sin deuda, sin violencia y sin redes que administren la desesperación.
Bélgica, la regulación como novedad
El contraste con Bélgica es muy importante. Allí, la apuesta reciente ha sido avanzar hacia una forma de laboralización de la prostitución. Otro valioso artículo de Charlie Hebdo sobre Bélgica presenta una crítica dura a esa reforma: se prometió una nueva era de contratos, derechos laborales y supuesta protección en burdeles formalizados, pero el resultado descrito es mínimo.
De unas 26.000 personas en prostitución, apenas unas decenas habrían aceptado firmar un contrato de trabajo, y los servicios del Estado solo habrían entregado cinco acreditaciones en más de un año. La llamada formalización arrancó con fracasos.
La pregunta que deja Bélgica es incómoda para quienes defienden la regulación laboral de la prostitución: ¿por qué los proxenetas necesitarían formalizarse si pueden seguir operando en zonas grises, con menos controles, menos obligaciones y más ganancias? El artículo señala que los proxenetas y propietarios de vitrinas no se apresuran a declarar ingresos ni a someterse a estándares estatales.
También recoge la crítica de Sylvie Lausberg, psicóloga de formación y expresidenta del Consejo de Mujeres: un contrato no solo trae derechos, también trae obligaciones. En prostitución, esas obligaciones pueden traducirse en horarios, control patronal y presión para aceptar compradores. Ese es el punto que Colombia debe mirar con cuidado: convertir la prostitución en contrato puede terminar convirtiendo la disponibilidad sexual en deber laboral.
La regulación promete seguridad, pero deja casi intacta la relación de poder. El comprador sigue siendo quien paga. El dueño del establecimiento sigue dependiendo del flujo de compradores. La mujer sigue estando expuesta a la violencia del cliente, a la presión económica y al control de terceros.
El artículo menciona medidas como botones de emergencia o personas de referencia, pero recoge una crítica de fondo: no es fácil convertir un burdel en un lugar de trabajo como cualquier otro, porque la dominación sexual no desaparece por decreto.
El caso belga también muestra el límite de la ficción laboral frente a la migración. Muchas mujeres en prostitución en Europa son extranjeras; algunas están en situación irregular, otras son captadas mediante engaño, deuda o promesas de trabajo.
La nota menciona un caso de explotación sexual de mujeres chinas con retención de pasaportes y deuda impuesta. Frente a ese tipo de realidades, la promesa del contrato laboral deja por fuera a quienes están en mayor riesgo. El sistema termina ofreciendo una fachada de derechos para una minoría formalizable, mientras la explotación más dura continúa bajo formas clandestinas o semitoleradas.
¿Alemania, la cuna de la trata en Europa?
Alemania ofrece otra advertencia. Durante años ha sido presentada por sectores regulacionistas como ejemplo de reconocimiento, seguridad y control. Pero los informes estatales del Bundeskriminalamt —BKA— sobre trata de personas y explotación muestran una realidad mucho menos tranquilizadora. En 2021, el BKA ya registraba una tendencia importante: menos explotación en bares, burdeles y calle, y mayor desplazamiento hacia apartamentos, visitas domiciliarias y hoteles. Ese traslado debilita uno de los argumentos clásicos de la regulación: la idea de que legalizar permite ver, controlar y proteger. La explotación sexual se adapta, se mueve y busca zonas menos visibles.
El BKA, Bundeskriminalamt, es la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania. Es una autoridad policial federal encargada de coordinar investigaciones criminales de especial gravedad, producir análisis estratégicos sobre fenómenos delictivos y apoyar a las autoridades policiales de los estados federados.
Sus informes sobre trata de personas y explotación permiten observar tendencias oficiales, aunque sus datos dependen de procedimientos investigativos concluidos y no reflejan por completo el campo oscuro del delito.
En 2023, el BKA registró 509 procedimientos por trata y explotación, de los cuales 319 correspondían a explotación sexual, con 428 víctimas y 441 sospechosos. El informe también reportó menos registros de víctimas bajo la ley alemana de protección de personas en prostitución, conocida como ProstSchG. Este dato es crítico: el sistema legal existe, pero muchas víctimas de explotación sexual no aparecen dentro de su promesa administrativa de protección. La legalización crea formularios, registros y categorías, pero el mercado explotador las hace ver como trabajadoras y no como víctimas.
En 2024, el panorama se agravó. El BKA informó 576 procedimientos concluidos por trata y explotación, el máximo desde que comenzó la recolección de datos en el año 2000. En explotación sexual hubo 364 procedimientos, 465 víctimas y 511 sospechosos, el nivel más alto de los últimos diez años en ese ámbito. El comunicado de prensa del BKA señaló que la explotación sexual ocurre cada vez más en viviendas privadas, un ámbito difícil de controlar y asociado a un alto campo oscuro.
El mismo comunicado destaca elementos que deberían alertar a Colombia: contacto por internet, dependencia emocional mediante el llamado método “loverboy”, violencia psicológica y física, presencia de mujeres jóvenes y menores de edad, y un aumento fuerte de víctimas chinas y colombianas. La mención de víctimas colombianas en Alemania debe leerse con atención. Colombia no es un observador externo del mercado prostitucional europeo; expulsa víctimas.
Las cifras de procedimientos no equivalen automáticamente a toda la dimensión real del fenómeno, porque el propio BKA reconoce que la trata y la explotación son delitos de control. Es decir, buena parte de los casos se detecta cuando hay actividad policial, inspecciones o investigaciones. Muchas víctimas no denuncian por miedo, desconocimiento de la ley o dependencia de sus explotadores. Por eso el campo oscuro sigue siendo alto. Esta precisión metodológica es importante: el problema puede ser mayor de lo que muestran las cifras oficiales.
La explotación de menores confirma la gravedad. El comunicado del BKA sobre 2024 indica que en más de 200 procedimientos se registraron niños, niñas y adolescentes como víctimas de explotación, y que 195 procedimientos correspondieron a explotación sexual comercial. También señala que algunos portales en línea tienen mecanismos de protección insuficientes, lo que facilita el uso de internet como medio de explotación.
En dos casos, niños fueron ofrecidos en internet para su compra. La regulación del mercado adulto no protege automáticamente a la niñez. Al contrario, cuando la demanda masculina se mantiene activa y el entorno digital facilita la intermediación, las fronteras entre prostitución, trata y explotación sexual infantil se vuelven más invisibles.
La cuestión de fondo desde este análisis indica que la demanda organiza el mercado. Sin compradores, no hay sistema prostitucional rentable. Sin hombres dispuestos a pagar, los proxenetas no tendrían incentivo económico para captar, trasladar, controlar o explotar mujeres y niñas. Por eso el abolicionismo insiste en sancionar la compra de actos sexuales. El dinero que sostiene el sistema no sale de la mujer prostituida; llega desde el comprador. Esa es la base material de la explotación.
La entrevista que realicé a Jonathan Machler†, exdirector de CAP International, en noviembre de 2024, refuerza esta lectura. Machler diferencia tres enfoques: el prohibicionista, que criminaliza también a las personas prostituidas; el regulacionista, que normaliza la prostitución como trabajo y legaliza espacios de explotación; y el abolicionista, que reconoce la prostitución como violencia, despenaliza a las personas prostituidas, sanciona la demanda, penaliza el proxenetismo, ofrece rutas de salida y desarrolla prevención social.
Esta distinción es fundamental para Colombia, porque el debate público suele reducirse a dos opciones falsas, la de perseguir a las mujeres o regular el mercado. El abolicionismo ofrece una tercera vía con enfoque de derechos humanos.
Machler también plantea un punto económico central: los mercados regulacionistas son más atractivos para proxenetas y tratantes porque la demanda se expande cuando la compra de sexo se normaliza. En su análisis, Francia aparece como menos rentable para redes criminales que países regulacionistas como Alemania, precisamente porque la ley envía un mensaje de restricción social y penal a los compradores.
Este argumento debe utilizarse con rigor, porque algunas cifras comparadas provienen de estudios con metodologías distintas. Aun así, la tendencia política muestra que cuando el Estado legitima la compra de sexo, el mercado crece; cuando la desalienta, la rentabilidad del sistema se reduce.
El caso francés, con todos sus límites, muestra que se puede construir una política pública orientada a reducir la demanda y apoyar salidas. El caso belga muestra que la contractualización puede fortalecer una nueva figura: el empresario sexual presentado como empleador legítimo. El caso alemán muestra que la legalización no elimina la trata ni la explotación; puede desplazarla hacia apartamentos, plataformas digitales y circuitos internacionales más difíciles de fiscalizar. Cada modelo revela una lección para Colombia.
Colombia debe mirar estos debates desde su propia realidad. Aquí confluyen trata interna y transnacional, explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, migración venezolana precarizada, economías ilegales, turismo sexual, plataformas digitales, webcam, captación por redes sociales, pobreza femenina, racismo estructural y ausencia de rutas de salida sólidas.
En ese contexto, regular la prostitución como trabajo puede parecer una solución administrativa, pero puede terminar fortaleciendo a quienes se benefician de la explotación. El problema colombiano no se resuelve entregando apariencia laboral a un mercado profundamente desigual.
Una política abolicionista para Colombia tendría que partir de varios principios. Primero, despenalización plena de las personas en situación de prostitución. Ninguna mujer debe ser perseguida, multada, extorsionada o amenazada por la policía por estar en una situación de explotación o supervivencia. Segundo, sanción efectiva de la demanda. El comprador debe ser identificado como actor de violencia y como motor económico del sistema.
Tercero, persecución seria del proxenetismo, incluidas sus formas empresariales, digitales, inmobiliarias y aparentemente “facilitadoras”. Cuarto, rutas de salida financiadas: vivienda temporal, alimentación, atención psicológica, salud, regularización migratoria, formación, empleo, protección jurídica y acompañamiento de largo plazo. Quinto, prevención con hombres, adolescentes y comunidades educativas. Sexto, liderazgo de sobrevivientes en el diseño, evaluación y vigilancia de la política pública.
El país también necesita una mirada a lo digital. La prostitución ya no se organiza únicamente en calles, bares o establecimientos visibles. La captación ocurre en redes sociales, chats privados, anuncios, plataformas, agencias ficticias, ofertas laborales engañosas y circuitos de movilidad nacional e internacional. Alemania lo evidencia con claridad: incluso con un Estado fuerte, la explotación se desplaza hacia espacios privados y digitales. Colombia, con menor capacidad inspectiva y altos niveles de informalidad, enfrentaría riesgos mayores si adopta una regulación centrada en establecimientos o contratos.
El regulacionismo responde con un enfoque higienista el cual consta de supervisar a quien “ofrece los servicios” dejando en impunidad al consumidor, responde con contratos y controles sanitarios. El abolicionismo responde con transformación social: reducir la demanda, quitar legitimidad al comprador, proteger a las mujeres y construir alternativas. La diferencia no es menor. Una política de derechos humanos debe mirar las condiciones reales de libertad, no la firma formal de un consentimiento bajo necesidad económica.
Francia muestra una ruta imperfecta, pero orientada a la dignidad. Bélgica muestra la fragilidad de la fantasía contractual. Alemania muestra los límites del control estatal cuando la compra de sexo sigue legitimada. Colombia todavía está a tiempo de evitar esos errores.
Bibliografía
Amar Dragoste & Centro de Inteligencia de Latinoamérica y el Caribe contra la Trata y Explotación de Personas —CILAC— de Sintrata, A. C. (2024, diciembre). De Colombia a España: un análisis de datos sobre la trata y explotación sexual de mujeres colombianas en España.
Blu Radio Colombia. (s. f.). Rescatan a colombianas víctimas de explotación sexual en España [Video]. YouTube. https://youtu.be/HHC3VWPMbtI?si=sKmrNSO5q0gBIcK5
Bundeskriminalamt. (2021). Menschenhandel und Ausbeutung: Bundeslagebild 2021. BKA.
Bundeskriminalamt. (2022). Menschenhandel und Ausbeutung: Bundeslagebild 2022. BKA.
Bundeskriminalamt. (2023). Menschenhandel und Ausbeutung: Bundeslagebild 2023. BKA.
Bundeskriminalamt. (2024). Menschenhandel und Ausbeutung: Bundeslagebild 2024. BKA.
Bundeskriminalamt. (2025, 28 de agosto). Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandel und Ausbeutung auf neuem Höchststand: Bundeskriminalamt veröffentlicht Bundeslagebild 2024 [Comunicado de prensa]. BKA.
Daussy, L. (2026, 13 de abril). Loi Prostitution : « Tant que les clients ne seront pas réellement pénalisés, le système ne se tarira pas ». Charlie Hebdo.
Le Page, É. (2026, 26 de marzo). Belgique. La grande réforme du trottoir finit dans le caniveau. Charlie Hebdo.
Quintero Rolón, C. Y. (2024, 25 de noviembre). La lucha abolicionista es antirracista y anticolonial. Medium. https://medium.com/@CquinteroR/la-lucha-abolicionista-es-antirracista-y-anticolonial-0f98cdf808a8
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