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¿Eliminación de la violencia contra las mujeres es un objetivo realista en Colombia?
Es clave que los gobiernos, especialmente el entrante en Colombia, revisen los hallazgos del artículo científico ¿Es la eliminación de la violencia contra las mujeres un objetivo realista para el futuro cercano?, publicado en 2026 por Enrique Gracia en Nature Communications.
Claudia Yurley Quintero Rolon
El estudio analiza la violencia contra las mujeres a partir de encuestas e informes internacionales. Aunque se centra en la Unión Europea, sus conclusiones son relevantes para los Estados comprometidos con la meta 5.2 de los ODS: eliminar para 2030 todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, incluidas la trata y la explotación sexual.
La investigación advierte que esta meta es cada vez menos realista: la prevalencia sigue siendo alta, las reducciones se han estancado y las medidas actuales no han generado disminuciones sostenidas.
Uno de los hallazgos indica que el 30,7 % de las mujeres encuestadas en la Unión Europea sufrió violencia física, amenazas o violencia sexual desde los 15 años: casi una de cada tres.
También señala que la violencia física o sexual por parejas u otros agresores casi no ha variado en más de dos décadas; los avances son mínimos y demasiado lentos para cumplir la meta de 2030.
Preocupan especialmente las generaciones jóvenes: las mujeres de 18 a 29 años reportan niveles superiores al promedio, y el 23,3 % de las adolescentes de 15 a 19 años con pareja ya ha sufrido violencia física o sexual.
El estudio incorpora la violencia de género facilitada por la tecnología —acoso digital, amenazas, abuso sexual basado en imágenes, sextorsión e imágenes sexuales creadas con inteligencia artificial sin consentimiento—, que amplía los escenarios de agresión y afecta especialmente a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.
Desde Fundación Empodérame, que acompaña a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de trata, explotación sexual, violencia sexual, desplazamiento y otras vulneraciones, consideramos necesario discutir esta evidencia institucionalmente.
Estas violencias no suelen presentarse aisladas: a menudo están precedidas o agravadas por abuso sexual infantil, violencia intrafamiliar, dependencia económica, desplazamiento, exclusión educativa, discriminación, falta de vivienda segura, amenazas y ausencia de redes de protección.
En casos de trata y explotación sexual, salir de la situación no garantiza la recuperación. Las sobrevivientes requieren protección, atención psicológica especializada, acompañamiento jurídico, salud, vivienda segura, educación, autonomía económica y seguimiento prolongado.
El estudio identifica intervenciones con evidencia —servicios para sobrevivientes, empoderamiento, reducción de la pobreza, prevención del abuso infantil, entornos seguros y transformación de normas que toleran la violencia—, pero advierte que no se aplican con la escala, duración y articulación necesarias.
La investigación resalta el papel de los movimientos feministas y las organizaciones autónomas de mujeres en leyes, servicios, cambios normativos y vigilancia estatal. Por ello, recomienda financiación flexible y de largo plazo como inversión central en prevención.
Es necesario dialogar sobre indicadores que midan la reducción real de la violencia, más allá del número de actividades, campañas o atenciones registradas.
También se deben examinar las barreras de acceso a protección, refugio, atención psicológica, justicia, salud y autonomía económica.
El nuevo gobierno debe analizar la articulación entre la prevención de violencias contra las mujeres y las respuestas frente a la trata, la explotación sexual y la violencia digital.
Asimismo, debe fortalecer la participación de organizaciones de mujeres y sobrevivientes en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
También se requieren mecanismos de financiación estable para organizaciones que previenen, identifican casos, activan rutas y acompañan de forma prolongada a las víctimas.
Buscamos abrir un diálogo institucional serio, basado en evidencia científica y en la experiencia territorial de las organizaciones que acompañan directamente a mujeres y niñas.
Desde Fundación Empodérame, sostenemos que la violencia contra las mujeres, la trata y la explotación sexual son graves violaciones de derechos humanos y problemas prioritarios de salud pública.
Claudia Yurley Quintero Rolón
Psicóloga – Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
Directora de la Fundación Empodérame
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Etiquetas Feminismo Violencia Estudio cientifico Derechos humanos
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