Australia: “¿La ley que protege a las mujeres ya no lo hace?"

Claudia Quintero reflexiona sobre las consecuencias que pueden tener para los derechos de las mujeres las reformas legales que sustituyen la categoría de sexo por la identidad de género, promoviendo una igualdad formal que no resuelve las desigualdades sociales que enfrentan las mujeres.

Claudia Yurley Quintero Rolón

En 2013, un gobierno reescribió la ley que protegía a las mujeres como clase sexual y quitó la palabra "mujer" de su definición legal. Trece años después, un tribunal lo confirmó por escrito: esa ley ya no les da preeminencia a ellas.

Australia tuvo, durante casi treinta años, una ley que decía con claridad quién era mujer: "miembro del sexo femenino, sin importar la edad". Esa definición desapareció en 2013, cuando el gobierno de Julia Gillard modificó la Sex Discrimination Act para incorporar identidad de género como categoría protegida. La reforma eliminó las definiciones biológicas de "mujer" y "hombre" y dejó ambos términos librados a su "significado ordinario". Nadie explicó entonces qué significaba eso en la práctica. Trece años después, un tribunal lo hizo.

El 15 de mayo de 2026, el Tribunal Federal Pleno falló en el caso Giggle v Tickle que un hombre trans debía ser considerado mujer para efectos de la ley de discriminación sexual, y que excluirlo de una aplicación de mujeres constituyó discriminación directa. La sentencia no se quedó ahí: los jueces reconocieron abiertamente que la ley original le daba "preeminencia a los derechos de las mujeres" y que esa preeminencia "ya no puede verse" en su versión actual. Y agregaron, con una frialdad que dice más que cualquier editorial, que si eso es bueno o malo "no es un asunto para este Tribunal".

La Comisión Australiana de Derechos Humanos, que debería garantizar que la ley también proteja los derechos de las mujeres, ya había tomado una posición clara. En 2023, un grupo de lesbianas pidió permiso legal para organizar un encuentro reservado solo a mujeres nacidas mujeres. La Comisión se lo negó porque consideró que excluir a personas por su sexo biológico podía ser discriminatorio. Pero en abril de 2026, un tribunal revisó esa decisión, contradijo a la Comisión y señaló que sus directrices eran "deficientes". Aun así, cuando se le preguntó públicamente en un seminario en Sídney si iba a revisar esas reglas, la Comisión solo respondió: "Tenemos directrices". No anunció cambios, no reconoció el problema y no explicó cómo piensa proteger los espacios propios de las mujeres.

Cuando en febrero de 2026 organizaciones de mujeres le pidieron formalmente al presidente de la Comisión, Hugh de Kretser, que usara sus facultades legales para investigar el daño que este marco le está haciendo a las mujeres, él respondió en junio que no hay planes de investigar nada, y que el choque entre derechos de mujeres y derechos trans es apenas un "área estrecha de intersección". Prisiones, refugios de violencia doméstica, gimnasios: eso es lo que él llama estrecho.

La única funcionaria que se ha atrevido a cuestionar públicamente esta lógica es una legisladora de oposición, Alison Penfold, que presentó en mayo un proyecto para devolverle a la ley una definición biológica de mujer y proteger explícitamente espacios como refugios para víctimas de violencia y cárceles. La respuesta de la actual Comisionada de Discriminación Sexual, Anna Cody, fue llamarlo "un paso retrógrado" que crea una "falsa competencia" entre derechos. Ninguna palabra sobre por qué las mujeres necesitan espacios sin hombres, ni siquiera hombres que se identifiquen como mujeres.

Cuando finalmente le preguntaron a Gillard, la principal responsable de la reforma de 2013, qué pensaba ahora de sus consecuencias, su respuesta fue reveladora: dijo que en ese momento nadie hablaba de estos problemas y que "era otra época". En otras palabras, el gobierno cambió una ley clave sin debatir a fondo qué pasaría si la categoría sexo dejaba de tener una definición clara. Trece años después, esas consecuencias ya no son hipotéticas: aparecen en sentencias judiciales, decisiones administrativas, solicitudes de exención rechazadas y mujeres organizándose para defender espacios propios.

Esto no es un debate abstracto ni ajeno a Colombia. Muestra lo que ocurre cuando la categoría sexo se reemplaza por identidad sin medir sus efectos sobre las mujeres como clase política y jurídica. Las feministas abolicionistas lo hemos advertido: los derechos de las mujeres necesitan lenguaje preciso, protección material y espacios propios. Diluir esa precisión no amplía derechos; deja a las mujeres sin herramientas legales para nombrar su opresión.

Claudia Yurley Quintero Rolón 

Psicóloga y Especialista en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Defensora de derechos humanos de las mujeres y activista feminista abolicionista. Investigadora con experiencia en trata de personas y explotación sexual, con trabajo directo en intervención territorial, acompañamiento psicosocial y diseño de programas de salida para mujeres en contextos de prostitución. Ha participado en procesos de investigación aplicada y articulación institucional en salud pública y política social. 

Directora de la Fundación Empodérame.

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