La lectura psicológica de la demanda contra De la Espriella
- 17 jul
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La psicóloga y defensora de derechos humanos Claudia Quintero analiza cómo la narrativa y la psicología influyen en la forma en que leemos e interpretamos una demanda judicial, más allá del debate estrictamente jurídico.
Claudia Yurley Quintero Rolón
Jerome Bruner (1986) sostuvo que las narrativas no se limitan a describir la realidad si no que la construyen. Propuso que las historias que contamos y las que recibimos moldean cómo interpretamos el mundo, cómo entendemos a quienes lo habitan y cómo definimos nuestro propio lugar en él. Esa idea es la clave para leer lo que quiero analizar.
Toda demanda o denuncia es, además de un ejercicio jurídico, un acto de comunicación orientado a persuadir a quien la lee y decide. Esto no resta seriedad al derecho ni cuestiona la legitimidad del litigante; solo recuerda que ningún texto que busca convencer opera de manera puramente racional.
El 7 de julio de 2026, el abogado y defensor de derechos humanos Luis Guillermo Pérez Casas, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad electoral contra la elección de Abelardo Gabriel De la Espriella Otero como presidente de la República para el período 2026-2030. El cargo primero de esa demanda no discute cifras de escrutinio ni irregularidades de conteo: sostiene que la campaña del hoy presidente electo constituyó una estrategia sistemática de violencia política capaz de ejercer coacción psicológica sobre el electorado, y pide, como medida de urgencia, suspender su posesión. Me interesó analizar este texto por una razón distinta de su resultado jurídico, que corresponde decidir al Consejo de Estado: es un caso poco frecuente en el que la propia demanda utiliza el concepto de violencia psicológica como fundamento central de su pretensión, lo que la convierte en un objeto de estudio natural para la psicología.
Antes de continuar, una aclaración necesaria: no tengo ningún conflicto de interés personal, político ni económico en este proceso. Sí conozco personalmente al demandante, Luis Guillermo Pérez Casas, por su trayectoria compartida en el campo de los derechos humanos en Colombia. Lo advierto aquí porque la transparencia es una condición mínima de cualquier análisis serio, y porque este texto no evalúa a la persona del demandante ni a la del demandado: evalúa la construcción psicológica del documento.
Según el modelo de probabilidad de elaboración de Petty y Cacioppo (1986), toda persona que recibe un mensaje persuasivo lo procesa a la vez por dos vías: una analítica, que evalúa los argumentos, y otra emocional, que responde a impresiones, símbolos y estados de ánimo. Por eso un texto jurídico también incide en la atención, la memoria, la percepción del riesgo y la forma en que el lector organiza la información. Un juez sigue siendo humano: su formación fortalece el análisis, pero no es inmune frente a los mecanismos de la persuasión psicológica.
Ese modelo explica cómo un mensaje puede cambiar una opinión según el esfuerzo mental que le exige al lector. Cuando hay suficiente interés y capacidad para pensar el tema con calma, la persona sigue lo que se llama ruta central: examina la lógica y los argumentos, y la actitud que se forma tiende a ser firme y duradera.
Cuando el interés en un tema disminuye por cansancio, por falta de tiempo o por desconocimiento, predomina la ruta periférica: pesan más las señales superficiales, como el tono, las emociones que despierta el texto o la autoridad de quien lo firma, y el efecto sobre la opinión suele ser más temporal. El mismo mecanismo explica por qué funciona la publicidad y por qué un argumento bien escrito puede convencer incluso antes de que el lector termine de valorar todo el contexto.
La demanda permite observar esa arquitectura psicológica con claridad porque combina explícitamente dos planos que casi siempre aparecen entremezclados en los textos jurídicos: el normativo (al cual no me puedo referir porque no soy abogada), que sustenta la pretensión y el reclamo sobre la presunta “violencia psicológica del sufragante”, y el narrativo, que organiza el relato desde el inicio bajo un marco de miedo y amenaza.
Ese marco de amenaza parece una decisión discursiva del demandante y se relaciona con el efecto de primacía descrito por Solomon Asch (1946): el hallazgo de que la información recibida al inicio de un mensaje pesa más en la memoria y en el juicio final que la información posterior, y condiciona cómo se interpreta todo lo que viene después.
Es por eso por lo que se habla de la “primera impresión”, y por eso mismo esa primera impresión es tan difícil de modificar. Al abrir con violencia política, deshumanización, exterminio y genocidio antes de desarrollar el argumento jurídico, la demanda instala en
el lector una lente interpretativa que lleva a procesar cada hecho posterior como confirmación de un mismo patrón.
En su experimento clásico, Asch presentó a dos grupos la misma lista de adjetivos sobre una persona ficticia, pero en orden inverso. Un grupo recibió primero los rasgos positivos y luego los negativos; el otro, en el orden contrario. Aunque ambos grupos recibieron la misma información, quienes comenzaron con los rasgos positivos evaluaron a la persona de forma mucho más favorable. Asch mostró así que los primeros rasgos actúan como un filtro: lo que viene después se interpreta desde la impresión inicial. Incluso una palabra como “terco” cambia de sentido según el contexto previo: puede leerse como firmeza si antes se describió a alguien como inteligente, o como rencor si antes se lo presentó como envidioso.
Sobre ese marco inicial actúa otro mecanismo, más antiguo en la literatura psicológica: los esquemas cognitivos que describió Frederic Bartlett en 1932. Un esquema no es solo una categoría mental: es una estructura que decide qué información se retiene, cuál se descarta y cuál se ajusta para que encaje con lo que ya se cree. La demanda construye un esquema único —la existencia de una estrategia sistemática de violencia política— y, a partir de ahí, incorpora discursos de campaña, publicidad electoral, símbolos nacionales, entrevistas y hechos de 2025 como manifestaciones de ese mismo fenómeno. El lector deja de evaluar cada elemento por separado y empieza a leerlos como piezas de un rompecabezas cuya imagen final (violencia política) ya fue mostrada en la introducción.
Bartlett llegó a esta conclusión con experimentos donde pedía a personas británicas que recordaran, semanas o meses después, una leyenda de una cultura ajena a la suya. Observó que, al recordarla, acortaban la historia y cambiaban detalles —por ejemplo, “canoas” se convertía en “botes”— para que encajara con su propia cultura, y que lo que no encajaba en su marco mental simplemente se olvidaba o se transformaba. Con eso demostró algo que hoy es central en la psicología cognitiva: la memoria funciona como una reconstrucción activa, no como una grabación fiel de lo ocurrido, y por eso rellena y ajusta la información según lo que la persona ya tiene en su sistema de creencias.
El recurso más visible, y también el más delicado, es el uso de analogías históricas extremas (Alemania nazi, Ruanda, Srebrenica, la Unión Patriótica, Gaza) para advertir sobre un hecho hipotético a futuro: la demanda no describe algo que esté ocurriendo, sino algo que, según el demandante, podría llegar a ocurrir si no se anula la elección. Estas analogías trasladan carga moral. Cuando alguien recuerda un genocidio reconocido mundialmente, siente junto con él horror, urgencia y necesidad de proteger a las víctimas, y esas emociones se pegan a la evaluación del caso presente, aunque la comparación sea discutible.
Esto no significa que las analogías del demandante sean infundadas, ni más faltaba. La mirada psicológica no juzga si la comparación histórica es correcta; aporta una lectura sobre para qué se usa y con qué objetivo. Cada analogía extrema suma una capa de intensidad afectiva a las anteriores, y esa acumulación aumenta la sensación de solidez del argumento desde la narrativa.
En psicología y en terapia narrativa esto se conoce como efecto acumulativo: experiencias, mensajes o pequeños daños repetidos se suman con el tiempo hasta formar una historia dominante sobre algo o alguien. No hace falta un solo hecho contundente; basta con la repetición constante para que esa historia se asuma como verdad.
Es el mismo mecanismo que opera en el maltrato emocional sostenido: el daño no proviene de un episodio aislado, sino del desgaste acumulado. Por eso a la víctima le cuesta señalar un solo momento y necesita reconstruir toda una línea de tiempo para que se entienda la magnitud de lo vivido.
Ahora bien, sobre la repetición constante de un vocabulario emocionalmente intenso (violencia, amenaza, miedo, intimidación, exterminio, odio): Hasher, Goldstein y Toppino demostraron lo que se conoce como el efecto de verdad ilusoria. Repetir una afirmación aumenta la sensación de que es familiar, y esa familiaridad se confunde con veracidad, incluso cuando la persona no tiene manera de comprobar si el contenido es cierto. No es manipulación en sentido técnico. Es un uso deliberado y legítimo del lenguaje emocional, propio de cualquier litigio estratégico que busca que el juez y la opinión pública retengan con claridad la gravedad de lo que se denuncia.
El resultado es un texto con dos ámbitos, por decirlo así: uno analítico, hecho de normas —lo que corresponde a los abogados—, y otro emocional.
Nada de este análisis permite concluir que los cargos de la demanda sean infundados, reitero. Lo que pretendo con este análisis psicológico es otra cosa: disfruto la posibilidad de entenderlo desde esta profesión maravillosa, de poder distinguir con precisión entre la fuerza de un argumento y la fuerza de su empaque narrativo, dos dimensiones que en el debate público colombiano casi siempre se confunden. Compartir estos conocimientos con los demás también es satisfactorio.
Espero que un análisis del texto y del contexto le dé al lector, sea juez, periodista o ciudadano, la posibilidad de decidir con más claridad qué está evaluando.
Claudia Yurley Quintero Rolón
Psicóloga y Especialista en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Defensora de derechos humanos de las mujeres y activista feminista abolicionista. Investigadora con experiencia en trata de personas y explotación sexual, con trabajo directo en intervención territorial, acompañamiento psicosocial y diseño de programas de salida para mujeres en contextos de prostitución. Ha participado en procesos de investigación aplicada y articulación institucional en salud pública y política social.
Directora de la Fundación Empodérame.
Bibliografía
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Bruner, J. (1986). Actual minds, possible worlds. Harvard University Press. https://www.hup.harvard.edu/books/9780674003668
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Hasher, L., Goldstein, D., & Toppino, T. (1977). Frequency and the conference of referential validity. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 16(1), 107–112. https://doi.org/10.1016/S0022-5371(77)80012-1
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