El desafío contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Colombia.

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El análisis realizado por Claudia Yurley Quintero Rolón para Razón Pública señala el desafío que enfrenta el Estado colombiano para identificar y perseguir las ganancias ilegales que derivan de la explotación sexual de la niñez y adolescencia, así como las estructuras económicas que contribuyen a sostener este delito.

Claudia Yurley Quintero Rolón

Razón Pública

Colombia realizó un ejercicio estadístico respecto a las víctimas de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Ese avance debe reconocerse. La operación estadística experimental del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre la Caracterización Estadística sobre Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (CEESCNNA), publicada en abril de 2026, ordena información oficial sobre víctimas, personas indiciadas, lugares de ocurrencia y formas de explotación registradas en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación.

Durante años, el país ha tenido una deuda técnica y política con la medición de esta violencia. La Ley 1336 de 2009 ordenó producir información estadística sobre la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, que incluye siete aspectos: la magnitud, la caracterización de las víctimas, los lugares de mayor ocurrencia, las formas de remuneración, las formas de explotación sexual, los factores de riesgo y los perfiles de quienes compran sexo o se encargan de la intermediación.

El vacío en la medición

El DANE retomó ese mandato, lo cual es importante porque el Estado necesita producir información y conocimiento para orientar política pública, asignar recursos, identificar territorios críticos y mejorar la respuesta institucional. 

Y es valioso aun reconociendo el límite más problemático para comprender el fenómeno como economía criminal y es que con las variables disponibles en los datos abiertos del SPOA fue posible medir seis de los siete aspectos previstos por la ley. El aspecto que no pudo medirse fue el de las formas de remuneración a las niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. Es decir, “la plata sucia del negocio”.

Esta ausencia no se debe considerar una omisión del DANE. Responde a una limitación de las fuentes y de los datos que, como país, recabamos en política criminal. Los datos abiertos del SPOA permiten contar víctimas, caracterizarlas, ubicar hechos, identificar delitos y describir personas procesadas por la justicia. Pero no contienen datos suficientes para saber cómo circula el pago o beneficio económico en la explotación.

Más allá de la vulnerabilidad: el mercado de la explotación

Ese vacío es relevante porque la explotación sexual comercial se define precisamente por la existencia de una “transacción económica”. Se denomina “comercial” porque implica, en todos los casos, una transacción económica entre una persona adulta y la víctima, o entre esa persona adulta y uno o varios intermediarios que se lucran directa o indirectamente. Allí priman el interés comercial, la búsqueda de ganancia y la utilización del niño como una mercancía.

Una primera lección del ejercicio es que la explotación sexual de la niñez no puede analizarse únicamente desde la vulnerabilidad de las víctimas. La vulnerabilidad explica la exposición al riesgo, pero no explica por sí sola la existencia del mercado. El mercado existe porque hay adultos que pagan, terceros que facilitan, redes que captan, territorios que toleran, economías ilegales que se articulan y canales financieros que pueden recibir o mover la plata derivada de la explotación.

El informe muestra que entre 2015 y 2025 se reportaron 22.697 niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial en Colombia. También muestra que el 81,8% de las víctimas reportadas corresponde a mujeres, en este caso niñas. Estas cifras son graves, pero no son el universo del crimen en Colombia, pues son solo los casos que llegan a denuncia. Sabemos que hay muchos que ni siquiera llegan a esa instancia.

Atacar la demanda

Siempre en el país hemos visto cómo la prevención de la explotación sexual ha puesto una carga excesiva sobre las víctimas. Ellas son quienes deben denunciar, declarar una y otra vez lo que vivieron y hacer frente a sus agresores, muchas veces en soledad. Una política pública seria debe mirar hacia quienes producen la explotación, es decir, los compradores, explotadores, proxenetas, intermediarios, redes y beneficiarios económicos. Atacar la demanda.

Considero que la respuesta estatal necesita integrar mejor tres campos: (i) estadística criminal, (ii) protección de derechos e (iii) inteligencia financiera. No hablamos únicamente de un delito sexual individual. En muchos casos tiene rasgos de economía organizada, red de intermediación y circulación de ganancias.

La propuesta es que, dentro de la construcción metodológica, se cree un subcomité o mesa de trabajo entre el DANE; la Fiscalía; el ICBF; Migración Colombia; el Ministerio del Interior; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF); las autoridades territoriales, y las organizaciones sociales que conocen el fenómeno en campo.

La UIAF es relevante porque es el organismo de inteligencia económica y financiera. La inteligencia financiera debe estar al frente de la respuesta contra este flagelo.

La medición anual anunciada por el DANE es una oportunidad. Si la operación CEESCNNA se consolida, Colombia podría pasar de una primera caracterización basada en registros penales a un sistema más robusto, capaz de integrar nuevas fuentes.

Los dineros obtenidos de esta economía criminal deben ponerse al servicio de las víctimas: recuperación de sus proyectos de vida, reparación integral, atención psicosocial, representación jurídica, protección territorial, prevención comunitaria y fortalecimiento de rutas reales de salida.

La justicia no puede limitarse a castigar penalmente a unos pocos responsables; también debe afectar los bolsillos y la rentabilidad del delito, y redirigir los dineros hacia quienes sufrieron el daño.

Claudia Yurley Quintero Rolón 

Psicóloga y Especialista en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Defensora de derechos humanos de las mujeres y activista feminista abolicionista. Investigadora con experiencia en trata de personas y explotación sexual, con trabajo directo en intervención territorial, acompañamiento psicosocial y diseño de programas de salida para mujeres en contextos de prostitución. Ha participado en procesos de investigación aplicada y articulación institucional en salud pública y política social. Directora de la Fundación Empodérame.

Razón Pública

Medio colombiano de análisis y opinión.

Fuente: Razón Pública

Si conoces un caso de explotación sexual, captación digital o violencia contra niñas, niños y adolescentes, existen líneas y espacios de atención que pueden brindar orientación, protección y acompañamiento. Denunciar también es una forma de proteger.

👧 Línea 141 – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Protección y orientación en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes.

🌐 018000 522020 – Ministerio del Interior de Colombia

Línea nacional contra la trata de personas. Brinda asesoría y recibe denuncias.

🏛️ Comisarías de Familia y Casas de Justicia

Espacios presenciales donde puedes recibir atención legal, psicológica y medidas de protección.

🚨 Línea 165 – GAULA

Atención en casos de extorsión o situaciones relacionadas con redes de trata o explotación.

Esta nota se difunde por razones de derechos humanos.

Imágenes generadas con inteligencia artificial.